Sí, pero no por nuestros políticos, sino porque así lo quiere nuestra sociedad.
¿En qué me baso para semejante afirmación? Pues en que una de las principales diferencias entre una democracia seria y una dictadura bananera es que, en una democracia, la defensa de la ley se hace partiendo de unas garantías mínimas que hacen que los poderes no campen a sus anchas, mientras que en una dictadura de tres al cuarto, no se dan las mínimas garantías a la hora de aplicar las leyes y se condena a la gente suponiéndola culpable de antemano y obligándola a demostrar su inocencia, cosa que en la mayoría de los casos es imposible o casi imposible.
La presunción de inocencia garantiza en gran medida la vigilancia del cumplimiento de las leyes, y la condena de alguien requiere la demostración de su culpabilidad.
La sociedad española, capitaneada por una prensa en su mayoría amarillista e interesada en la obtención de beneficios más que en la información, presume la culpabilidad y juzga sin pruebas. Después, si la sentencia del juez no se corresponde con el veredicto previo, se indigna por lo mal que funciona la justicia.
Pues que la gente siga indignándose todo lo que quiera, pero yo prefiero que los jueces sigan aplicando la presunción de inocencia.
Ante un posible delito hay tres veredictos posibles: culpable, inocente y no culpable. Es evidente lo que implican los dos primeros, la demostración evidente de una de esas posibilidades. La tercera es la consecuencia de la presunción de inocencia, e implica que no se ha podido demostrar la culpabilidad del acusado, por ello no se le puede condenar aunque quepa la posibilidad de que el acusado sea culpable, pero la falta de pruebas concluyentes obliga a que no sea condenado para evitar la condena de inocentes.
Esto, que no deberíamos olvidar si aspiramos a vivir en libertad, la sociedad española se lo ha pasado por la entrepierna, y lo sigue haciendo.
Se ha juzgado y se ha hallado culpable a Camps antes de que éste se presentase ante los jueces. En el juicio ha habido un veredicto de no culpabilidad, lo cual no implica que este señor sea inocente, pero me alegro de que en España no se pueda enviar a la cárcel a alguien cuando no hay pruebas de su delito.
Se ha juzgado y condenado a Pepiño Blanco antes de que éste se presentase ante los jueces. Y no es que este señor me resulte lo más mínimamente simpático (tampoco me lo parece Camps), pero espero que lo juzguen con las garantías necesarias.
Y, cómo no, se ha juzgado y condenado a Urdangarín antes de que se presentase ante los jueces, al igual que la infanta Cristina. La sociedad lo ha condenado capitaneada, en unos casos, por la prensa y los políticos que añoran aquella república ilegal que hubo en España, y en otros casos, por unos periodistas que nunca en su vida hicieron nada mejor que dejar la mañana y la noche de la COPE, respectivamente, y así, siendo libres para decir lo que les ha dado la gana sin deberse a ningún jefe, nos han dejado clara su falta de profesionalidad y sus paranoias personales, por si alguien no las tenía claras aún.
Pues nada, sigamos considerando culpable a la gente y juzgándola en la prensa y en la barra del bar, que las garantías judiciales acabarán por considerarse inútiles y terminarán por desaparecer del sistema, porque le sistema evoluciona siguiendo los deseos y las costumbres de las mayorías. Y acabaremos siendo, entonces ya oficialmente, una dictadura bananera.
¿En qué me baso para semejante afirmación? Pues en que una de las principales diferencias entre una democracia seria y una dictadura bananera es que, en una democracia, la defensa de la ley se hace partiendo de unas garantías mínimas que hacen que los poderes no campen a sus anchas, mientras que en una dictadura de tres al cuarto, no se dan las mínimas garantías a la hora de aplicar las leyes y se condena a la gente suponiéndola culpable de antemano y obligándola a demostrar su inocencia, cosa que en la mayoría de los casos es imposible o casi imposible.
La presunción de inocencia garantiza en gran medida la vigilancia del cumplimiento de las leyes, y la condena de alguien requiere la demostración de su culpabilidad.
La sociedad española, capitaneada por una prensa en su mayoría amarillista e interesada en la obtención de beneficios más que en la información, presume la culpabilidad y juzga sin pruebas. Después, si la sentencia del juez no se corresponde con el veredicto previo, se indigna por lo mal que funciona la justicia.
Pues que la gente siga indignándose todo lo que quiera, pero yo prefiero que los jueces sigan aplicando la presunción de inocencia.
Ante un posible delito hay tres veredictos posibles: culpable, inocente y no culpable. Es evidente lo que implican los dos primeros, la demostración evidente de una de esas posibilidades. La tercera es la consecuencia de la presunción de inocencia, e implica que no se ha podido demostrar la culpabilidad del acusado, por ello no se le puede condenar aunque quepa la posibilidad de que el acusado sea culpable, pero la falta de pruebas concluyentes obliga a que no sea condenado para evitar la condena de inocentes.
Esto, que no deberíamos olvidar si aspiramos a vivir en libertad, la sociedad española se lo ha pasado por la entrepierna, y lo sigue haciendo.
Se ha juzgado y se ha hallado culpable a Camps antes de que éste se presentase ante los jueces. En el juicio ha habido un veredicto de no culpabilidad, lo cual no implica que este señor sea inocente, pero me alegro de que en España no se pueda enviar a la cárcel a alguien cuando no hay pruebas de su delito.
Se ha juzgado y condenado a Pepiño Blanco antes de que éste se presentase ante los jueces. Y no es que este señor me resulte lo más mínimamente simpático (tampoco me lo parece Camps), pero espero que lo juzguen con las garantías necesarias.
Y, cómo no, se ha juzgado y condenado a Urdangarín antes de que se presentase ante los jueces, al igual que la infanta Cristina. La sociedad lo ha condenado capitaneada, en unos casos, por la prensa y los políticos que añoran aquella república ilegal que hubo en España, y en otros casos, por unos periodistas que nunca en su vida hicieron nada mejor que dejar la mañana y la noche de la COPE, respectivamente, y así, siendo libres para decir lo que les ha dado la gana sin deberse a ningún jefe, nos han dejado clara su falta de profesionalidad y sus paranoias personales, por si alguien no las tenía claras aún.
Pues nada, sigamos considerando culpable a la gente y juzgándola en la prensa y en la barra del bar, que las garantías judiciales acabarán por considerarse inútiles y terminarán por desaparecer del sistema, porque le sistema evoluciona siguiendo los deseos y las costumbres de las mayorías. Y acabaremos siendo, entonces ya oficialmente, una dictadura bananera.